Arrecia la persecución y el hostigamiento en contra de la dirigencia estudiantil: caso Marlon Díaz

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Marlon Díaz, Presidente de la Federación de Centros Universitarios - UC

Civiles al servicio del oficialismo, funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado y hasta sentencias del TSJ, han sido utilizadas en su contra. El poder fijó la mira desde el 2018 en el joven que preside la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad de Carabobo (UC) y coordina un movimiento dedicado a documentar la grave crisis de los hospitales donde desarrollan sus estudios universitarios.

Las amenazas, ataques, hostigamientos y persecuciones, no han cesado en la vida de Marlon Jesús Díaz Golindano, desde que saltó a la palestra y su voz retumbó. El joven es estudiante de medicina, líder del movimiento estudiantil “Gente UC” y presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad de Carabobo (UC), institución que desde el 2017 ha sido perseguida por autoridades del Estado a través de ataques violentos al recinto universitario, detención arbitraria de al menos 5 de sus profesores  (varios procesados en jurisdicción militar) y hostigamiento de parte del Gobernador del Estado Carabobo, Rafael Lacava en contra de sus líderes estudiantiles, autoridades universitarias y miembros en general .

El 30 de abril el presidente de la FCU de la UC denunció una fuerte represión contra el movimiento estudiantil que se manifestaba frente al Fuerte Paramacay, en Carabobo. Durante los hechos, Jesús Díaz, secretario de la Federación de Centros Universitarios de la UC, fue herido por impacto de bomba lacrimógena y funcionarios de la Guardia Nacional intentaron detener arbitrariamente a Luis Yaguarate, consejero universitario.      

Durante el mes de marzo de 2019, el líder social y uno de los coordinadores del movimiento “Estudiantes x Venezuela”, grupo conformado por diversos estudiantes de las ciencias de la salud dedicado a documentar la grave crisis de los hospitales donde desarrollan sus estudios universitarios, fue víctima de distintas prácticas de hostigamiento y amenazas contra su libertad personal e integridad física y moral, persecuciones que datan desde el 2018.

El 14 de marzo Díaz junto con el profesor de la UC Ronnie Villasmil y otros universitarios, intentaron acceder al equipo técnico enviado a Venezuela por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mientras realizaban una visita al Hospital Central de Valencia, estado Carabobo. En el intento, un grupo de presuntos colectivos (civiles al servicio del oficialismo) agredió a los universitarios, hecho en el que uno de los sujetos intentó estrangular al presidente de la FCU.  En un material audiovisual publicado por el joven, se evidencia esta situación y como lo lanzaron al suelo, situación en la que se lastimó el cuello y el cuerpo. Estudiantes de la UC afectos al oficialismo también les gritaron improperios.

Marlon Díaz junto con el profesor Ronnie Villasmil (que durante su pregrado fue fundador del movimiento estudiantil que preside en la actualidad Díaz), han denunciado las condiciones del Hospital Central de Valencia donde ambos ejercen actividades académicas-médicas y como consecuencia el 16 de marzo de 2019 fue allanada la casa del profesor Villasmil por cuerpos de seguridad del Estado.

Blanco de ataques

Desde el 2018 Marlon Díaz está en la mira del gobierno de facto en Venezuela. En noviembre de 2018, el Gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava lo amenazó en el marco de las elecciones estudiantiles de la UC, las cuales se desarrollaron a pesar de existir una sentencia arbitraria que las prohibía desde hace 11 años, y donde el joven participó como candidato único de la oposición democrática en contra de Jessica Bello, candidata de un movimiento estudiantil afín al gobierno nacional.

El 11 de noviembre de 2018 Lacava realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta en Instagram, en la que hostigó a Díaz y a otros miembros de la comunidad universitaria, afirmando que “pasaría por encima de la Comisión Electoral universitaria y sus participantes”. El 14 de noviembre, día de la celebración de las elecciones, Marlon Díaz se encontraba desde tempranas horas en el Edificio de Ciencias Biomédicas y Tecnológicas de la Universidad de Carabobo realizando actividades propias del proceso electoral y denunció que en los alrededores del referido edificio se encontraban individuos identificados con carnets de la Gobernación de Carabobo y la Alcaldía de Valencia (ex estudiantes), quienes ayudaron a planificar las agresiones recibidas ese día.

“Se retiraron a las 9:30 AM aproximadamente. Luego llegaron 2 camionetas negras sin placas, de apariencia blindada y con los vidrios ahumados, de las que se bajaron encapuchados armados, pudiendo los presentes identificar al Secretario General de Gobierno del Estado Carabobo. El grupo de civiles armados irrumpió en el edificio de Ciencias Biomédicas y Tecnológicas y detonaron 4 o 5 bombas lacrimógenas, ocasionando que los estudiantes sufrieran de asfixias. Ordenamos a los muchachos para seguir con el proceso de votación y como una hora y media después del primer ataque, llegaron con mucha más violencia los colectivos. Pudimos verlos con armas de guerra como AK47, R15 entre otras, las cuales no detonaron, pero si utilizaron para intimidar a los profesores. Luego encerraron en salones y despojaron de sus pertenencias a más de 100 estudiantes. Golpearon a profesores y estudiantes, e incluso, los amenazaron de muerte”.

El 15 de noviembre de 2018 el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo reconoció de manera unánime a Marlon Díaz como ganador de las elecciones estudiantiles y presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UC, sin embargo, el 27 de noviembre de 2018 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dictó una sentencia que revocó su victoria, sin garantizarle derecho a la defensa ni al debido proceso; además declaró como victoriosa a la oficialista Jessica Bello. Un día después Díaz desconoció públicamente los efectos de sentencia y afirmó ser el ganador por evidencia de la voluntad popular, rompiendo frente a la prensa nacional e internacional la sentencia que le fue notificada por el poder judicial como forma de protesta.

Preocupación internacional

Entre 2018 y 2019 al menos 11 universitarios del sector salud han sido víctimas de ataques, proliferando este patrón entre los meses de febrero y marzo de 2019, mientras que al menos 6 universitarios del sector salud fueron víctimas de ataques por denunciar los efectos de la emergencia humanitaria compleja venezolana. A pesar de las amenazas, Marlon Díaz ha continuado con su labor de denuncia desde la dirigencia estudiantil.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su profunda preocupación por el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio de los derechos a la protesta, libertad de expresión, reunión pacífica y a la participación social y política en forma más amplia y derecho a la educación y ha recibido información sobre la represión llevada a cabo en perjuicio de profesionales de la salud, docentes universitarios y estudiantes de pre y postgrado de medicina que ejercen su profesión en los hospitales del sistema de salud pública, que documentan y denuncian la emergencia humanitaria. En particular, de acuerdo a la información presentada, funcionarios policiales, militares y colectivos armados, atacaron al personal médico que, ante la visita de la Misión de la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), exigían sus derechos en los centros hospitalarios.

Como consecuencia, al menos 6 estudiantes universitarios de ciencias de la salud se han visto afectado su derecho a la educación y han sido expulsados de los centros hospitalarios donde prestaban servicios, sin que se haya respetado el debido proceso.

El Estado debe asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos; investigar los hechos denunciados; sancionar a los responsables y abstenerse de realizar acciones que le impidan continuar sus prácticas profesionales académicas en los hospitales venezolanos.


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