La ley en el Reino Unido anunció ayer que el Tribunal Supremo será el encargado de decidir, en el próximo año, si el control del oro de Venezuela, que actualmente se encuentra en el Banco de Inglaterra, le corresponde a Nicolás Maduro o a Juan Guaidó.
En julio pasado, el juzgado comercial de la Alta Corte de Londres había decidido que Guaidó tenía la potestad de decidir sobre los fondos venezolanos en manos del banco inglés, ya que el Gobierno británico lo reconocía como presidente de facto.
Sin embargo, esa decisión fue anulada rápidamente por la Corte de Apelación de Londres, ya que consideraba ambigua la declaración de Jeremy Hunt, en ese momento ministro inglés de Relaciones Exteriores, a la hora de referirse a Guaidó como “presidente interino de Venezuela hasta que puedan celebrarse elecciones creíbles”. Pero el pasado miércoles, el máximo tribunal judicial de Inglaterra emitió una orden que le permite al líder de la oposición venezolana apelar la decisión de esa Corte.
Debido a esto, Sara Cockerill, del juzgado comercial de la Alta Corte de Londres, quien debía definir si la Justicia volvía a preguntarle al Gobierno británico a quién reconocía como presidente de Venezuela, decidió dar un paso al costado, ya que “sería inapropiado seguir adelante” con un procedimiento paralelo.
El conflicto se inició hace más de dos años, cuando Calixto Ortega, presidente del Banco Central de Venezuela, intentó recuperar 30 toneladas de oro (aproximadamente US$ 1.000 millones) que se encuentran guardadas en las bóvedas del banco inglés. La actual crisis económica del país bolivariano ha impactado fuertemente en varios sectores, incluso el energético y, por ello, aunque la cifra no parece exorbitante, es muy importante para Maduro y el régimen.
Por ejemplo, durante todo este año, Venezuela ha estado enviando lingotes de oro a Irán a cambio de gasolina y diferentes tipos de aditivos y piezas para revivir sus refinerías. Según EE.UU., también vienen armas desde Teherán. Hasta mayo, Caracas se había desprendido de unas nueve toneladas de oro, equivalentes a unos US$ 500 millones.
Aunque se desconoce la fecha de inicio del proceso, Nicholas Vineall, representante legal del oficialismo, informó que el caso podría ser resuelto en octubre o noviembre del año próximo.
Con información de El Economista
