La CIDH pide venir a Venezuela para evaluar la situación de cerca

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La relatora de la CIDH para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz. Foto: @CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a pedir permiso al gobierno venezolano, para visitar el país con el objetivo evaluar la situación, especialmente en el ámbito de la atención médica y el acceso a alimentos.

La relatora de la CIDH para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, formuló la petición para examinar la situación de los derechos humanos en territorio venezolano, durante una audiencia en el marco del 169 periodo de sesiones del organismo, que se celebra en la Universidad de Colorado, en Boulder en Estados Unidos.

García Muñoz expresó inquietud por la situación en Venezuela y puso la CIDH a disposición del Ejecutivo para asistencia técnica.

Por su parte, el secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe Márquez,  argumentó que la situación humanitaria se relaciona con las sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea al país, y compara la situación a la intervención de EEUU en la economía chilena a principios de la década de 1970.

“Venezuela tiene capacidad económica para comprar lo que necesita su pueblo, solo en un año hemos gastado 2.400 millones de dólares en las cajas Clap de alimentos”,  expresó durante la audiencia.

Además, aseguró que en 2017 y lo que va de 2018, más de 190 personas recibieron medidas sustitutivas a la privación de libertad como resultado de recomendaciones.

Presentó fotografías inéditas de Juan Requesens detenido en el Sebin El Helicoide, a quien supuestamente se le han respetado sus derechos y se le ha garantizado atención médica y esparcimiento.

También, mostró un video de 30 segundos en el que Vilca Fernández manifestaba que las condiciones de su detención no fueron extremas.

En representación de la sociedad civil, Carlos Correa, director de Espacio Público, denunció que el carnet de la patria establece mecanismos de discriminación para quienes se movilizan de un lado a otro y no hay garantía de universalidad.

“Se impuso el uso del carnet de la patria para el pago de productos subsidiados, medicamentos. Toda la data asociada a este mecanismo no tiene resguardo, se han dado filtraciones”, alertó.

Asimismo, advirtió que desde enero de 2016 se vienen aplicando decretos de Estado de Excepción “que no cumplen los estándares internacionales y son violatorios de la Constitución”.

“Venezuela tiene una crisis económica inmensa. Nuestro PBI ha caído por 5 años seguidos. Tenemos la inflación más alta del mundo, pero no tenemos acceso a esta información”, expresó.

Están previstas otras dos sesiones: una convocada por iniciativa propia por la CIDH para estudiar las condiciones de las personas privadas de libertad en el “contexto de la crisis política”, y otra para analizar la situación humanitaria y los “mecanismos de control social” en Venezuela, según figura en el calendario.

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